¿Cómo llegaste a especializarte en la tecnología de las cadenas de bloques?

Siempre me han apasionado las nuevas  tecnologías aplicadas a los medios de pago. Mi ejercicio de oposición a profesora titular de Universidad en el año 2001 consistió en «dinero electrónico». Con posterioridad, publiqué una monografía sobre el tema en 2003. He seguido el desarrollo de Bitcoin, y descubrí todo un nuevo universo jurídico. Ahora es cuando empieza a despertar interés. De hecho, este mismo mes de abril impartí una conferencia en el Consejo General de la Abogacía en Madrid con el título «Blockchain y dinero electrónico. PSD2 ¿Es posible su configuración como efectivo digital?». 

¿Por qué valoras más aportar desde la Universidad o el sector público y no desde la empresa privada?

Creo que la universidad debe aportar conocimiento «en estado puro», para el progreso de la sociedad en su conjunto «sin dejar a nadie atrás». Se necesita que el conocimiento persiga el desarrollo de todos. Los poderes públicos deben velar por los intereses de todos, las universidades deberían estar más presentes a la hora de diseñar las políticas públicas. No podemos dejar el conocimiento y la tecnología sólo en manos de unas élites económicas.

En el 2017 se conforma BAES (Blockchain Aplicado a las Administraciones Públicas y las Empresas) dentro de la Universidad de Alicante y con la iniciativa del Instituto de Economía Internacional. ¿Cuál es la misión del Blockchain Lab y su día a día?

Desde el primer día que decidí crear este grupo de investigación, pensé que esta tecnología era «tan buena para toda la sociedad», que decidí que debía compartirse, también, con investigadores de otras universidades. Nuestra misión es y sigue siendo la misma que indicamos en nuestra web: «desarrollar la tecnología blockchain en el ámbito de la Administración Pública y de la empresa privada y alcanzar un estándar de blockchain europea, pues entiende que será una herramienta clave para la consolidación del mercado único y para el fortalecimiento de la ciudadanía europea y de la competitividad de las empresas europeas. La transferencia de conocimiento y la formación en la tecnología blockchain son claves para ello, y forman parte de la misión de BAES».

¿Qué tipo de perfiles profesionales y de investigación, así como entidades y organismos, participan en BAES?

La complejidad y el potencial transformador de la tecnología es tan grande que se requiere un tratamiento holístico de la misma. Por esa razón, tenemos perfiles de lo más variado, así como entidades, organismos, despachos de abogados y universidades como las de Alicante, Castellón, Miguel Hernández de Elche, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Valladolid, Carlos III de Madrid, CEU Cardenal Herrera de Valencia, Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y la Universitat de Lleida. Todo el que quiera compartir sus conocimientos y trabajar es bien recibido. Buscamos sinergias que hagan crecer a la sociedad, no nos gustan los planteamientos extractivos.

De este modo, tenemos juristas de diferentes ramas, como mercantil, civil, administrativa, penal, financiera y tributaria. Dentro de los economistas, tenemos expertos en creación y organización de empresas, contabilidad y auditoría, así como economía aplicada. En el apartado técnico contamos con desarrolladores, programadores y arquitectos de software. Por último, también contamos con profesionales del marketing digital, del trading y expertos en propiedad intelectual.

¿Encuentras propuestas similares a BAES en Europa?

La verdad es que no. De momento, se centran mucho en la tecnología y poco en la dimensión humana de la transformación que produce.

¿Cómo se deben enfocar las iniciativas hacia esa dimensión humana de la transformación que comentas?

Blockchain emerge como una nueva tecnología que, como infraestructura eficiente del mercado, puede formar parte de la solución a las tradicionales fricciones entre operadores. Pero también puede agravar la exclusión en el mercado y las grandes desigualdades sociales, provocadas por la reciente crisis. A la vista del estado de la cuestión y de los retos que la economía digital plantea, conviene, en este punto, y para cimentar adecuadamente el nuevo Derecho de la competencia, recordar que nuestra CE de 1978 establece un modelo económico social de mercado que persigue un objetivo concreto: la mejora del bienestar de nuestra sociedad. Se trata de un objetivo que es necesario revitalizar en la actualidad dentro de la UE, en atención, sobre todo, a la Cuarta Revolución Industrial, recordando la situación post-bélica del siglo pasado y el nacimiento de las modernas constituciones europeas. Por otra parte, no se puede ignorar el difícil e imprescindible equilibrio que conviene tener en cuenta si queremos que «la regulación no sofoque la innovación» en nuestro continente.

En el ámbito de la ya denominada Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, se han desarrollado objetivos concretos que enmarcan la investigación que debemos desarrollar en el grupo de innovación BAES. Asimismo, se hace hincapié en el papel que desempeña la innovación en apoyo del desarrollo sostenible. Blockchain es una de las innovaciones emergentes y se puede utilizar para avanzar en la implementación y el monitoreo de los ODS. Esta tecnología puede ser una poderosa palanca para reunir a todas las partes interesadas involucradas en un territorio, y su participación en la toma de decisiones. Pensamos que esta tecnología nos «empodera a todos».Sus potenciales usos para el bien de la comunidad local son inmensos. Por citar un ejemplo, el nuevo espacio que se acaba de habilitar por el Consejo de Ministros, que recientemente ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Entre otras medidas, el Real Decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida. La aplicación de la red blockchain para el caso de autoconsumo colectivo será idónea y casi diríamos que  necesaria para medir la energía generada con otro equipo para hacer el «reparto de energía» entre los consumidores participantes.

El informe del Foro Económico Internacional, serie dedicada a la Cuarta revolución industrial, Building Block(chain)s for a Better Planet, destaca el «importante papel de los gobiernos dirigiendo financiación hacia investigación blockchain (por ejemplo, ética, social e impacto ambiental e innovación tecnológica) y desarrollo, que busca escalar público-privado. Deben fomentarse proyectos blockchain para la sociedad y el medio ambiente» y «plataformas abiertas» como la diseñada por BAES y que une a las universidades públicas valencianas, llamada BlockUniversitas. En la actualidad, no existen blockchains de estas características; existen distintas blockchains, como Bitcoin, Ethereum, etc., sin que ninguna de ellas pueda dar una respuesta satisfactoria a una más que previsible demanda social. Todas parten del sector privado.  Ni las denominadas públicas, ni las privadas, ni las públicas permisionadas, siendo estas últimas, tal y como se configuran en la actualidad, por lo general, exclusivas y excluyentes (consorcios de empresas privadas). Es difícil diseñar plataformas blockchain inclusivas, máxime si no se conoce la legalidad  y los sectores de la economía que tienen especiales controles y reserva de actividad, como por ejemplo el sector financiero. Además, por lo general, no se sabe organizar bien los grupos humanos. El derecho de sociedades atiende a esta «especial tecnología» que evita los conflictos, el abuso de las mayorías, y consigue un reparto justo y equitativo de las plusvalías. Éstas a su vez tributan, porque tenemos servicios públicos que mantener, etc. Al final siempre están las personas, y también los supervisores y reguladores.

¿Hay predisposición a colaborar tanto en investigación y desarrollo como en difusión y educación?

De entrada, hemos encontramos poca receptividad, o bien se pensaba que «con blockchain se puede hacer todo». El exceso de marketing ha restado «seriedad» a la tecnología. Estamos haciendo un trabajo muy duro de divulgación del conocimiento científico. La verdad es que cuando nos escuchan, la actitud cambia radicalmente. Tenemos muy buenas experiencias en este sentido, y pronto esperamos  dar buenas noticias.

¿De qué tecnología e infraestructura se dispone en BAES para el desarrollo de pruebas e investigaciones?

Creemos firmemente en los valores de la cooperación, y de una Europa inclusiva y sostenible como modelo para el mundo. Por ello, buscamos aplicar sus valores a la realidad tecnológica. Éste es el motivo de que una de las principales investigaciones aplicadas de BAES fuera diseñar BlockUniversitas, la primera red blockchain 100% europea, tanto por su infraestructura pública como por su software. Y ya funcionando y en producción (mainnet). De momento, es la que une a las universidades públicas valencianas, pero nos encantaría que fuera una BigTech pública de la Unión Europea, y que su modelo llegue a todas partes. La red se compone de nodos boot, validadores y clientes sobre BigchainDB sobre Tendermint y una base de datos MongoDB.

La esencia de los nuevos negocios y el acceso a los nuevos mercados dependerá de la tokenización de activos, físicos o no, (es decir, tratándolos como una ficha digital en blockchain).  Previsiblemente habrá una extensión del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), unido a la inteligencia artificial (IA), y sobre la base de blockchain, generarán una consecuente generación de multitud de micropagos, así como el retroceso global del uso del efectivo. Esencialmente, porque la tecnología permitirá simplificar los movimientos de dinero «de curso legal», con tiempos muy reducidos, e igualmente, de activos, dinero «privado» (criptomonedas) y valores financieros, de forma barata y transparente.

Por lo señalado, es más que previsible que la estructura del mercado y los tradicionales mecanismos de determinación de los precios puedan verse alterados. Del mismo modo, se incrementará la competencia en términos generales y globales al liberalizarse, en cierta forma, sectores que hasta escasas fechas eran monopolizados por los tradicionales intermediarios, así como por los más recientes surgidos al calor de la mal llamada economía colaborativa.

De este modo, las universidades públicas de la Comunidad Valenciana queremos contribuir a hacer efectiva la portabilidad de datos (documentos) y activos en el Mercado Único Digital, y contribuir a la libre circulación electrónica y su trazabilidad en el mercado interior, con los mejores estándares técnicos y jurídicos. Además de que nuestra tecnología se puede utilizar para avanzar en la implementación y el monitoreo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Un ejemplo: las entradas a un Congreso —y la certificación de la asistencia al mismo—, como tuvimos ocasión de demostrar en nuestra blockchain, en la jornada celebrada en colaboración con el Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana, sede de Alicante, el 19 de octubre de 2018, y el 23 de febrero en la Universidad Politécnica de Valencia, celebrada en colaboración con las universidades valencianas que forman parte de la red y la cátedra de transparencia. 

La normativa, conocida como «Reglamento europeo eIDAS», aplicable desde el 1 de julio de 2016, es la que ha seguido BAES para dar seguridad jurídica a las transacciones realizadas con esta tecnología en la red blockchain BlockUniversitas, en la que técnicamente es imposible la copia electrónica, y el documento se guarda en la red (no es un repositorio de hashes, sistema habitual en otras redes blockchain).

¿Quién puede unirse a BlockUniversitas y qué casos de usos contempla? [POR RESPONDER]

Son tristemente conocidos los recortes o la falta de inversión en la investigación pública en España. ¿En qué situación se encuentra BAES sobre su financiación y apoyo presupuestario?

BAES cuenta con cero financiación pública. Hemos pedido una subvención para el grupo de investigación a la Consejería de Educación, pero está pendiente de resolución. También hemos recibido alguna ayuda puntual para jornadas por parte de instituciones como el Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana, o la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y, fundamentalmente, a través de prestaciones de servicios a SUMA y otras empresas privadas. SUMA ha sido un gran apoyo: desde el inicio creyó en nuestro proyecto, y le estamos especialmente agradecidos.

¿Qué retos plantea la cadena de bloques en el derecho digital?

Al margen de los consabidos en el sector financiero, como las STO, etc., creo que la tecnología plantea más oportunidades que retos, para actualizar conceptos jurídicos que siempre han formado parte de la arquitectura de nuestro edificio jurídico. Se pueden reforzar pilares de carga, como por ejemplo: que la validez legal del documento electrónico dependa de la configuración (técnica), y legal (eIDAS) de la base de datos descentralizada de la que se desprende la titularidad legítima, y a través de la que deben realizarse las transmisiones. De este modo, se crean sistemas de registro (archivo) en los que no existe el tercero que actúa como depositario de los documentos o mensajes electrónicos, pero ofrece seguridad a la gestión y circulación de documentos (de los derechos incorporados a los mismos).

¿Qué avances detectas en la Administración Pública (incluidas las universidades) en relación a la adopción de soluciones de cadena de bloques en sus procesos?

Veo muchos. Por ejemplo, nuestra red BlockUniversitas, pero especialmente en la Unión Europea, los últimos desarrollos en la aplicación a las cadenas de suministro resultan de lo más interesantes. De este modo, en la Resolución de 3 de octubre de 2018 sobre «las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación», el Parlamento Europeo ha destacado que los smart contracts son funciones básicas de las DLT, y ha pedido a la Comisión que explore las normas técnicas de ISO y CEN-CENELEC (el Comité Europeo de Normalización y el Comité Europeo de Normalización Electrónica), así como los marcos jurídicos que permitirán que los smart contracts sean legalmente exigibles en todo el Mercado Único Digital, y no sólo dentro de los marcos jurídicos fragmentados utilizados en los Estados miembros. Esto, según sigue añadiendo la citada resolución, facilitará la transparencia de los mercados, la «simplificación de las cadenas de suministro y el aumento de la interoperabilidad entre empresas». También su auditoría pública y cumplimiento, pues la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2018, sobre la «cadena de bloques: una política comercial orientada al futuro» observa que «los exportadores podrían subir todos sus documentos a la aplicación de una autoridad pública basada en una cadena de bloques y demostrar su cumplimiento».

¿Cuáles son las características del marco regulatorio en España para la creación y atracción de iniciativas basadas en blockchain?

La principal ventaja de España es que formamos parte de la Unión Europea, y de un mercado único, y por tanto no nos podemos quedar atrás. España ha firmado hace unos días un pacto de Estado de todos los partidos políticos para apoyar la tecnología blockchain. Tendremos que esperar a ver cómo se define.

Ahora mismo los países pioneros son Francia, Malta, Letonia, Inglaterra, Suiza y Japón. Son países que están trabajando en la regulación de esta tecnología. En este panorama destaca, sin duda, Italia. El texto de la ley 12/2019 para definir las DLT Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione») considerará los registros digitales almacenados en la cadena de bloques como forma de validación legal de documentos, y del momento de la inscripción. Además, son los encargados de liderar el desarrollo del estandar técnico europeo, a través de su Agencia.

¿Es España competitiva con respecto a Europa?

La verdad es que no. Ahora mismo creo que vivimos uno de los momentos principales en la Cuarta Revolución Industrial;  se está definiendo su gobernanza. Si queremos que sea inclusiva y que la tecnología no suponga una barrera de entrada al mercado, debería asegurarse, al menos, una infraestructura de red 100% pública como la nuestra, para garantizar un servicio blockchain de calidad, público y plural. Pero si no empezamos a dar pronto visibilidad, uso y servicio de redes de este tipo, todo el mundo empezará a desplegar aplicaciones sobre redes privadas permisionadas, porque la única alternativa a ellas son redes abiertas, pero con un alto consumo energético, y poco escalables. La verdad es que todo depende de la percepción que se tenga de servicio público de calidad, y el precio que hay que pagar por ello. A mí me gustaría que los servicios públicos se desplegaran en redes como la nuestra, y que además pymes y ciudadanos pudieran acceder al mercado, sin pagar elevados «costes de transacción» (en el sentido del concepto acuñado por Ronald H. Coase). No tiene sentido una tecnología que nace para descentralizar (p2p) acabe intermediando más el mercado.

El modelo europeo es una economía de mercado, también social. Europa ni puede ni debe olvidarlo, ni puede ni debe dejar a nadie atrás. Por ello deben existir las «autovías tecnológicas, no sólo las autopistas de peaje». Todo el mundo debería poder desplegar su vehículo (su negocio, aplicación…), y desplazarse por la nueva economía digital, por este nuevo «Internet del valor». Poder transferir activos de forma confiable y legal será esencial si queremos mantener un mínimo de clase media, para que el sistema capitalista sea sostenible. De lo contrario, se corre el riesgo de que el capitalismo tecnológico acabe concentrando más el capital en menos manos y los mecanismos naturales del mercado acaben colapsando.

¿Qué diferencias percibes en la aceptación e implementación de soluciones basadas en cadenas de bloques en Latinoamérica con respecto a Europa?

Veo un despliegue de la tecnología muy desigual. Destacan países con muy buenos desarrollos, como Argentina, Chile y Perú, pero muy centrados en el ámbito financiero o en el de la trazabilidad alimentaria.

¿Cómo se pueden fomentar la cooperación y compartición de conocimiento entre diferentes organismos anteponiendo el objetivo último de avanzar en las investigaciones sin caer en la mera competición?

Nuestra sociedad camina a un paulatino abandono de la propiedad para acercarse al de uso de las cosas, y la necesidad de crear una comunidad para poder soportar la tecnología (y su investigación). Eso es evidente en la economía de plataforma. Por tanto, en las sociedades mercantiles seguramente cambiará el concepto de socio propietario a socio usuario. Por ello, creo que la economía social y el modelo de gobernanza de las sociedades cooperativas es la respuesta. Al final, es una aplicación de la teoría matemática de juegos (en el sentido de la teoría de John Forbes Nash).

¿Qué puentes de colaboración existen con Latinoamérica?

Tenemos varios contactos a nivel académico y profesional. Esperamos ampliar nuevos horizontes en breve.

¿Cómo se posiciona la investigación pública española en el contexto europeo e internacional?

España, en general, tiene muy buenos investigadores, muy vocacionales, con un gran compromiso con la sociedad. Pero falta financiación. En muchas ocasiones tenemos que pagar de nuestro bolsillo la organización de encuentros o desplazamientos para poder asistir a congresos, etc. Y, pese a ello, francamente, creo que la gran mayoría nos sentimos privilegiados de tener un trabajo que nos permite hacer lo que nos gusta, e incluso contribuir a transformar la sociedad.

¿Qué vías se usan para dar a conocer a la sociedad los descubrimientos e investigaciones?

Utilizamos todos los canales académicos habituales, tales como revistas especializadas, congresos, etc., pero nos falta conectar más con la sociedad. Por este motivo nos parece tan interesante la oportunidad que nos brinda ÁGORA de poder conectar con otros colectivos y divulgar nuestro conocimiento. Por esta razón participamos también en Orvium, que es una plataforma abierta a todo tipo de público y no solo al científico. Esto último es importante de mencionar. Uno de los objetivos principales de Orvium es liberar el acceso a contenido científico y acercarlo a la sociedad en general. Sabemos que los modelos de pago existentes en la actualidad representan una barrera importante, pero no es la única. Orvium, en este sentido, también tiene planificado introducir modelos donde la sociedad pueda participar de una manera más directa. Por ejemplo, modelos para facilitar que la sociedad influya en los procesos de financiación o de elección de líneas de investigación.

Más allá de la divulgación, ¿en qué foros y encuentros participáis para interactuar con otros actores?

La verdad es que la provincia cuenta con un ecosistema tecnológico muy potente, y siempre dispuesto a apoyarnos. Colaboramos con todos ellos: con el Foro SUMA, que es un referente internacional, AlicanTEC, Ola Blockchain Alicante, Torre Juana, Eco Alicante de Alastria, Alicante Futura, Distrito Digital, Diputación de Alicante, los ayuntamientos de Alcoy y Alicante, la cátedra de transparencia de la UPV y un largo etcétera, entre los que se incluye, por supuesto, ÁGORA.

En octubre tenemos previsto organizar un hackathon sobre nuestra blockchain, y algunos cursos de formación. Esperamos contar con el apoyo de todos los colectivos.