Por Paula Pascual

Como bien es sabido dentro de la tecnología blockchain, una de las características que más controversia está generando es la falta de regulación en lo referente a casi todas las facetas de esta tecnología. Concretamente, en España, existen vacíos legales que conviene suplir, como ya se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones. De esta forma, es necesario tanto un avance en la interpretación del marco jurídico en el que puede enmarcarse actualmente esta tecnología como la implantación de nueva regulación que se adecúe a las necesidades de una sociedad cambiante.

Alguno de los organismos reguladores de nuestro país se ha visto obligado a ir regulando, en cierto modo, esta tecnología a través de decisiones vinculantes o jurisprudencia. España quiere erigirse como el líder europeo en tecnología blockchain, haciendo atractivas ofertas a las empresas que implanten esta tecnología, lo que puede suponer un gran avance, siendo pioneros en Europa y pudiendo alojar en nuestro país una gran cuota de mercado.

Con este objetivo, a día 15 de febrero de 2018, el partido en el gobierno —Partido Popular— ha anunciado a través de su diputado Teodoro García Egea que promoverá incentivos fiscales para aquellas empresas que cuenten con la tecnología blockchain, por lo que se está preparando una regulación específica. Asimismo, está previsto que se pueda incluir regulación sobre las ICOs (Initial Coin Offerings), que constituyen la principal herramienta de financiación de las criptomonedas.

Es importante estudiar también la regulación que la Unión Europea ha propuesto para este tipo de tecnología; aunque no se dispone de regulación específica en la materia, sí existen iniciativas y foros institucionales que estudian esta tecnología. De especial relevancia es el informe del Parlamento Europeo, con fecha de febrero de 2017, «Cómo blockchain puede cambiar nuestras vidas», que incide en la necesidad de crear métodos innovadores y adaptados a esta tecnología. Sin duda, el reto más importante para la Unión Europea es determinar la naturaleza jurídica de la blockchain, de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés) y de lo que parece que será su aplicación más importante: los contratos inteligentes o smart contracts.

Como conclusión, parece que Europa, y más en concreto nuestro país, ha decidido seguir una estrategia favorable a la tecnología blockchain, aunque habrá que atender en los próximos meses a la normativa que salga a la luz. No obstante, solo con estas declaraciones, parece que se va a incentivar el uso de esta tecnología y, por ende, de sus mayores aplicaciones actuales: Bitcoin y los smart contracts, tranquilizando a miles de inversores que veían en la futura regulación una de las principales amenazas al precio de cotización de las criptomonedas.